Sobre el concepto de orden

pai

Foto: Google Maps

 

En fechas recientes se ha expuesto en el tablón de anuncios de un acuartelamiento de la Comandancia de Valencia un documento con el siguiente contenido:

AVISO

A FECHA 1 DE MAYO DEL PRESENTE TODOS LOS ADJUDICATARIOS DEBERÁN DE ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE LOS PABELLONES, SEGÚN EL FORMATO ESTABLECIDO, QUE SE RECOGERÁ EN LA PLANA MAYOR DE LA COMPAÑÍA.

ASÍ MISMO, A FECHA 20 DE ABRIL DE 2018, LOS ADJUDICATARIOS QUE NO TENGAN PLAZA DE GARAGE (sic) ASIGNADA DEBERÁN RETIRAR SUS ENSERES (MOTOCICLETAS, BICICLETAS, FUNDAS DE VEHÍCULOS, ETC), Y LOS QUE CUENTAN CON PLAZA HARÁN USO DE LA MISMA MANTENIENDO SUS PERTENENCIAS EN LA PLAZA ASIGNADA.

PARA CUALQUIER CONSULTA, REPARO, SE DIRIGIRAN A LA PLANA MAYOR DE LA COMPAÑÍA.

EL (empleo) JEFE DE LA COMPAÑÍA

No tenemos nada que objetar al segundo párrafo de ese «Aviso», dirigido a ordenar el uso del garaje del acuartelamiento y, por lo tanto, pertinente a las atribuciones que la normativa vigente atribuye al jefe del mismo.

Sin embargo, hemos de llamar la atención sobre el primer párrafo,  el cual -pese al uso del imperativo en la redacción-  carece del valor de una orden.

En efecto, el concepto de orden nos viene dado en el artículo 45 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas (aprobadas mediante Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero): el militar «Obedecerá las órdenes, que son los mandatos relativos al servicio que un militar da a un subordinado, en forma adecuada y dentro de las atribuciones que le correspondan, para que lleve a cabo u omita una actuación concreta. También deberá atender los requerimientos que reciba de un militar de empleo superior referentes a las disposiciones y normas generales de orden y comportamiento».

Vemos, por lo tanto, que para que un mandato constituya una orden debe cumplir un triple requisito: que sea relativo al servicio; que se dé en forma adecuada y que lo sea dentro de las atribuciones que correspondan a quien la da.

Si observamos el primer párrafo de la nota que ha sido transcrita, vemos como el mismo en absoluto se refiere a asuntos del servicio (entendido este como aquél que tenga relación con las funciones propias del Cuerpo, que le vienen dadas en los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), sino que se refiere a cuestiones de ordenación de los  pabellones.

Dicho mandato tampoco entra dentro de las atribuciones de quien da la orden. En efecto, en una reunión en el acuartelamiento, el jefe del mismo justificó dicha medida en el contenido del artículo 30.4 de la Orden General nº 5, de 19 de mayo de 2005, sobre Regulación de Pabellones oficiales de la Guardia Civil («Cualquier mejora efectuada quedará en beneficio del pabellón sin que el adjudicatario tenga derecho a resarcimiento alguno»), pretendiendo que los adjudicatarios de pabellón procedan a inventariar las mejoras que hayan realizado en sus respectivos pabellones.

Pues bien, una cuestión es que el adjudicatario no tenga derecho a resarcimiento por las mejoras efectuadas y otra es que esa mejora deba ser inventariada, esto es, que por medio de su inclusión en un documento quede en propiedad de la Dirección General incluso durante la continuidad del adjudicatario en el uso del pabellón. Así, volviendo a la Orden General de Pabellones, en su artículo 3 se nos dice que el inventario es «El documento en el que se relacionan todos los elementos, mobiliario y enseres con que se encuentra equipado cada pabellón oficial de la Guardia Civil» y en su artículo 19.2 se indica que en el momento del desalojo deberán retirarse «todos los enseres no incluidos en el inventario firmado por aquel en el momento de la adjudicación o incorporados posteriormente cuando hayan sido adquiridos por la Administración». Resulta claro, en consecuencia, que en el inventario deben figurar aquellos bienes que han sido adquiridos por la Administración y no aquellos aportados voluntariamente por los adjudicatarios de los pabellones.

Es evidente, por lo tanto, que la pretensión del Jefe de Compañía de que los adjudicatarios «actualicen» los inventarios añadiendo elementos aportados por los mismos, resulta contraria a lo dispuesto en la Orden General 5/2005, dimanante del Director General del Cuerpo y, por lo tanto, en virtud del principio de jerarquía, nula de pleno Derecho.

Así, por no ser relativo al servicio dicho mandato y por carecer de potestad (de «atribuciones», en palabras de las Reales Ordenanzas), esa nota o «aviso» no constituye, en ningún caso, una orden.

La consecuencia principal de esta ausencia del carácter de orden es que su incumplimiento no puede conllevar sanciones penales ni disciplinarias por desobediencia, falta de subordinación o por incumplimiento de órdenes.

Anuncios
Publicado en Sin categoría | Etiquetado , , | Deja un comentario

Responsabilidad administrativa por daños en pabellón

cbm

Cuartel de la Guardia Civil de Boadilla del Monte. Foto: Google Maps

En esta Delegación hemos defendido a un asociado a quien se le inició un expediente de responsabilidad administrativa en la Comandancia de Madrid por los supuestos daños ocasionados en el pabellón que ocupaba en su anterior destino en el Puesto Principal de Boadilla del Monte, a raíz de unas obras realizadas en el mismo.

La Administración le reclamaba la cuantía de 4.000,00 € (curioso que en el pliego de cargos se diga que esta valoración es «aproximada») por los supuestos daños sufridos en el pabellón tras la realización de una pretendida obra no autorizada. Son fechas importantes en el procedimiento la de que el interesado dejó de ocupar el pabellón el 22-11-2013, que no se detectan las posibles deficiencias hasta mayo de 2016 y que el expediente se inicia en septiembre de 2016.

El expediente ha finalizado con el archivo por caducidad (puede leerse la resolución aquí), al haber excedido el plazo máximo para resolver, resultando significativo que en el momento de su dictado ya había transcurrido el plazo de un año desde que la Administración afirma que se detectaron los daños en sus bienes, por lo que no puede volver a dirigirse un nuevo procedimiento de responsabilidad frente a nuestro asociado.

Con todo, no deja de llamarnos la atención el hecho de que en el último párrafo del informe de la Asesoría Jurídica que motiva la resolución del expediente se indique que el plazo de prescripción de la acción sea el de cinco años que para las obligaciones personales establece el articulo 1964.2 del Código Civil y no el de un año que fija la normativa sectorial de responsabilidad, lo que parece indicar que la Administración pretende incoar un nuevo expediente de responsabilidad administrativa, pero aplicando el plazo de prescripción de obligaciones civiles, sin que el negocio jurídico de adjudicación del pabellón se encuentre sometido al Derecho Civil, sino al administrativo.

Estaremos atentos a la posible incoación del expediente y, desde luego, da pie esa respuesta a la apertura de un debate acerca de la aplicación del plazo de prescripción de las acciones civiles en el ámbito de la responsabilidad administrativa.

Publicado en Sin categoría | Etiquetado , , | Deja un comentario

Sentencia reconociendo el disfrute del plazo de incorporación al destino

cabo

Cabo de la Guardia Civil. Escuadrón de Caballería. Campaña del Rif (Marruecos). 1920, obra de Augusto Ferrer-Dalmau

Un Guardia Civil -afiliado a esta Delegación de AUGC- fue destinado a un Puesto Principal de la Comandancia de Valencia, proveniente de la Comandancia de Alicante, mediante resolución publicada en el BOGC de 29-03-2016.

Dado que el mismo había sido seleccionado para realizar el Curso de presente para el ascenso a Cabo, cuya fase de presente coincidía parcialmente en fechas con el plazo de incorporación a su nuevo destino, elevó instancia al Jefe de la Comandancia de destino solicitando la interrupción del plazo de incorporación y que los 17 días que le restaban fueran disfrutados a la finalización del curso, petición que fue desestimada en resolución confirmada por el General Jefe de la Zona de Valencia.

La desestimación se fundamentaba en que el artículo 29.3 del Reglamento de Provisión de Destinos (R.D. 1250/2001) prevé que cuando el destinado esté realizando una fase de presente de un curso oficial, el plazo de incorporación comience a la finalización de ese curso. Pero no está prevista en el reglamento la situación que aquí nos ocupaba: que la fase de presente comience cuando el plazo ya ha dado inicio.

El General de la Zona, además, señalaba en un resolución que el curso de Cabo se trataba de «vicisitudes personales» y no de cuestiones oficiales.

Para el General de la Zona de Valencia, la realización del curso de Cabo responde a «vicisitudes personales»

Interpuesto recurso contencioso-administrativo frente a dichas resoluciones, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 5 de Valencia ha dictado sentencia en fecha 27 de septiembre de 2017. Dado que por esta parte se había invocado en el recurso la sentencia  de la Sala de este orden jurisdiccional, Sección 6ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 21 de diciembre de 2012, en la que se resolvía un recurso idéntico al aquí pretendido en sentido estimatorio al demandante, el juzgador, aplicando los principios de unidad de doctrina y seguridad jurídica, los cuales «demandan de los órganos judiciales, con carácter general, igual solución jurisdiccional para casos procesalmente en lo esencial idénticos», así como «la efectividad del principio de igualdad en la aplicación judicial de la ley», ha estimado las pretensiones del demandante.

En consecuencia, anula las resoluciones recurridas y reconoce el derecho del demandante a ser indemnizado, por los 17 días de plazo de incorporación que no pudo emplear en la cuantía inherente a 17 días de haberes en la fecha de los hechos, más los intereses legales, dado que la restitutio in natura (esto es, el disfrute del plazo de incorporación) no resulta posible por el transcurso del tiempo.

Publicado en Sin categoría | Etiquetado , , | Deja un comentario

La objetividad en el IPECGUCI

7a

Foto: Cuartel de la Guardia Civil de Siete Aguas (http://sieteaguas.compromis.net)

El informe de calificación personal del Guardia Civil (IPECGUCI) viene definido en la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil, como «la valoración objetiva e imparcial de unos conceptos predeterminados que permitan apreciar las cualidades, méritos, aptitudes, competencia y el desempeño profesional de los guardias civiles» (art. 55).

Esta objetividad vuelve a predicarse en el artículo 4 de la Orden PRE/266/2015, de 17 de febrero, por la que se establece el modelo y las normas reguladoras del Informe Personal de Calificación del Guardia Civil, donde se dispone que los principios que han de regir los procesos de calificación son los de transparencia, objetividad e imparcialidad.

Las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas no son ajenas a la importancia que el IPECGUCI tiene en la carrera de los guardias civiles (pues afecta a su evaluación para el ascenso, para los cursos de capacitación para el ascenso, para determinados cursos de perfeccionamiento, para la evaluación extraordinaria para determinar si existe insuficiencia de facultades profesionales, para concurrir a determinados destinos…) y, por ello, dispone que todo militar, cuando intervenga en los procesos de calificación, «Obrará con la mayor reflexión, justicia y equidad en la elaboración de los informes personales, así como en los procesos de evaluación en los que participe, consciente de la gran trascendencia que tienen, tanto para los interesados como para el conjunto de la organización». (art. 36).

Pues bien, como preveía el magistrado J.R. Chaves al hablar del IPECGUCI, el factor humano determina «en ocasiones la subjetividad propia de los pecados capitales: envidia, ira, etc.)», dando al traste la pretendida objetividad e imparcialidad del IPECGUCI.

Así, la pasada semana tuve la ocasión de formular alegaciones frente al IPECGUCI de un Guardia Civil que fue calificado negativamente (un 4,33 en la calificación provisional) con calificaciones de insuficiente (3) en competencias como perseverancia, calidad y capacidad de trabajo o capacidad de aprendizaje.

Sin embargo, se da la circunstancia de que en el período que abarcaba la calificación, el mismo Guardia Civil había sido distinguido con dos condecoraciones. La primera, la Cruz con distintivo blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, condecoración que se concede -según su normativa- a quien «sobresale con perseverancia y notoriedad en el cumplimiento de los deberes de su empleo o cargo, de forma que constituya una conducta ejemplar digna que se resalte como mérito extraordinario» (art. 9 de la Orden INT/2008/2012, de 21 de septiembre, por la que se regula la Orden del Mérito de la Guardia Civil).

La segunda, la Cruz a la Constancia  en  el  Servicio,  que  distingue  a  los  miembros de  la  Escala  de  Cabos  y Guardias por su constancia en el servicio e intachable conducta (art. 1 del Reglamento de la Cruz a la Constancia en el Servicio, aprobado mediante R.D. 682/2002).

Es evidente que las bajas calificaciones en competencias como perseverancia, calidad y capacidad de trabajo no se compadecen con las recompensas obtenidas en el mismo período, pues no puede ser calificado negativamente por tales conceptos quien, el mismo año, ha sido distinguido, precisamente, por su perseverancia y notoriedad en el cumplimiento de los deberes de su empleo o cargo.

Tristemente, el IPECGUCI no puede recurrirse. Únicamente pueden formularse alegaciones frente a la calificación provisional, las cuales pueden redundar en que el superior jerárquico corrija al alza la nota (quedando al albur de su libre apreciación). Sí que pueden recurrirse los actos de evaluación en los que se aplique el IPECGUCI y combatir esas calificaciones, pero cuando se alcanza ese punto el daño ya está hecho.

«Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. El fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira.» (Juan 8:44)

 

Publicado en Sin categoría | Etiquetado , | Deja un comentario

Sobre las once horas diarias de descanso

14525984736345

Guardias civiles en Guinea Ecuatorial en 1964. Foto: El Mundo

Es cuestión sobradamente conocida que la Orden General n.º 11 de fecha 23 de diciembre de 2014, de la Dirección General de la Guardia Civil, en vigor desde el 30 de marzo de 2015, hubo de recoger para el colectivo de los guardias civiles diversos derechos contenidos en la Directiva Europea 2003/88/CE en materia de descanso en el trabajo.

Entre ellos se encontraba el derecho a un descanso diario de once horas, que fue recogido en el artículo 14 de dicha Orden General, señalando que, con carácter general, el descanso sería de once horas, salvo las excepciones previstas en los apartados siguientes (ocho horas por razones organizativas, incluyendo el derecho a la conciliación de la vida personal y familiar; ocho horas antes del comienzo de un descanso semanal, vacaciones o permiso de Semana Santa o Navidad; doce horas tras un servicio nocturno).

Así, la Dirección General no tenía más remedio que trasponer la Directiva europea a su ámbito de aplicación, pero pronto privó de virtualidad al ciado derecho al interpretar ese «carácter general» que disponía la norma como «predominio» de los descansos de once horas durante el período de referencia de servicios.

En efecto, en el documento denominado «Criterios de aplicación» de la citada O.G. 11/2014 -el cual carece de valor jurídico- se disponía que «El carácter general que establece la Orden General ha de entenderse referido al conjunto del periodo de referencia que corresponde a cada régimen de servicio, y por lo tanto, será el predominio de los descansos diarios de al menos once horas consecutivas en dichos periodos el que garantice el cumplimiento de la norma.»

Así, no sólo se reducía al absurdo la interpretación de la Orden General, sino que se hurtaba al Consejo de la Guardia Civil su función de ser oído e informar acerca de las disposiciones legales o reglamentarias que se dicten -entre otras- sobre determinación de las condiciones de trabajo, emulando de este modo al Conde de Romanones, a quien se le atribuye la frase «Ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento».

Dicha situación ha venido a ser rectificada por los juzgados y tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa en su función revisora de la actividad administrativa, habiéndose dictado diversas sentencias en las que se declaraba que la interpretación que la Dirección General de la Guardia Civil realizaba no se ajusta a derecho, como podemos ver en la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Valencia, de 5 de abril de 2017, recaída en un procedimiento seguido a instancia de un afiliado de esta Delegación, en la que se afirma claramente lo siguiente:

«La administración demandada interpreta el carácter “general” establecido en el apartado primero como predominante en el conjunto del servicio asignado en el cuadrante mensual, pero tales términos no son homologables como se pretende. En efecto, el carácter general significa la regla, mientras que los restantes apartados configuran las excepciones -tasadas, en tanto limitativas del derecho reconocido como regla básica- a la misma. Por esta misma razón se exige la motivación y justificación de la asignación de servicios con descansos de ocho horas en el apartado b), para apartarse de esa regla, y se establecen otras dos excepciones basadas en circunstancias objetivas y que no dependen de la discrecionalidad o apreciación de la administración, tales como festivos y horario nocturno.

Así las cosas, el supuesto al que el mando puede acogerse para asignar servicios con descansos inferiores a 11 horas fuera de los horarios nocturnos y coincidencia con inicio de otros descansos reglados, pasa necesariamente por la motivación y justificación de las necesidades organizativas y la compensación de las horas no descansadas. Pero nada de esto se ha efectuado en la resolución impugnada, que se limita a seguir las instrucciones interpretativas de la Dirección General de la Guardia Civil de fecha 3/3/2015 (Como por lo demás es lógico y no cabe reprochar en la capitanía de la compañía, dada la fuerte jerarquía que preside el cuerpo), las cuales no cabe reputar ajustadas a derecho y oponibles al demandante por las razones ya expuestas.»

En definitiva, es clara la interpretación del Juez: el carácter general es la regla (no el predominio de descansos de once horas), requiriéndose que las excepciones a dicha regla deben ser convenientemente motivadas y justificadas.

En fin, como decía Domingo Faustino Sarmiento: «De todas partes se regresa, menos del ridículo».

 

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

Antología del disparate

Me daban noticia ayer de que ha sido distribuido entre distintas unidades de la Guardia Civil un informe dimanante de la Asesoría Jurídica de la Dirección General del Cuerpo, fechado el 1 de febrero de 2017 y relativo al uso de uniformidad en las comparecencias de guardias civiles en actos de asesoramiento en expedientes disciplinarios.

Dicho informe se emite, según se dice en el mismo, a petición del General Jefe de la Zona de la Guardia Civil de Valencia que interesa la posibilidad de regular la obligatoriedad del uso de uniforme en dichas comparecencias, indicando que a dicha petición se adjunta instancia de un Guardia Civil de Valencia en la que interesa que se determine si las comparecencias en calidad de asesor lo son en condición de acto de servicio o, por el contrario, se trata de un acto voluntario y, por lo tanto, ajeno al servicio.

Dejando aparte la falta de delicadeza -si no vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos- al citar el nombre del Guardia Civil en el informe al que se ha dado pública difusión (incluso en el encabezamiento del escrito se refleja su nombre como peticionario, cuando en realidad se emite, como hemos dicho, a petición del General), dicho informe, más que un acto de asesoría al mando constituye una herramienta para dar apariencia jurídica a la voluntad de este.

Fruto de esa voluntad de justificar la actuación administrativa a cualquier precio, el informe es un dislate jurídico que se apoya en diversa normativa… derogada.

En efecto, en su fundamento de derecho segundo cita la Orden INT/77/2014, de 22 de enero, por la que se regula el uso general del uniforme del Cuerpo de la Guardia Civil, que ha sido declarada nula por Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª) de 30 de septiembre de 2015, Rec. 65/2014, por no ser conforme al ordenamiento jurídico.

En el fundamento de derecho quinto se refiere al concepto de «acto de servicio» contenido en el artículo 15 del Código Penal Militar. Sin embargo, el artículo 15 del vigente CPM no regula ni contiene concepto alguno sobre el acto de servicio, sino que está referido al acto de servicio sino a las penas accesorias.

En el siguiente párrafo cita el artículo 188 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, pese a que las vigentes Reales Ordenanzas cuenta únicamente con 129 artículos. Dicho artículo 188 de las anteriores ordenanzas ha sido expresamente derogado, además, por el párrafo primero del número 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

A continuación se citan la Orden General de la Guardia Civil nº 38, de 30 de septiembre de 1997, sobre uniformidad de uso general en la Guardia Civil, derogada al menos desde 1999 y el artículo 74 de las Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra, derogado por la letra a) del número 2 de la disposición derogatoria única del R.D. 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.

El lector ya puede imaginar las conclusiones del informe en el que únicamente se pronuncia acerca de la obligatoriedad de vestir el uniforme en los actos de asesoramiento, pero guarda silencio respecto a lo interesado por el Guardia Civil respecto al cómputo como servicio del tiempo empleado en tales comparecencias.

En fin, es de suponer que el asesor jurídico firmante del informe no debe ser el que asesoró al mando para sancionar a un Guardia Civil de la Comandancia de Valencia por desconocer el protocolo de nombramiento del servicio en SIGO, pese a que dicho agente prestaba servicio en el Área de Prevención de la Delincuencia.

No diré más…

 

Publicado en Sin categoría | Etiquetado , , | Deja un comentario

La incomparecencia a prestar declaración como encartado en expediente disciplinario no constituye un nuevo ilícito

 El Tribunal Militar Territorial Primero ha dictado sentencia de fecha 26.10.2016 en la que estima el recurso contencioso-disciplinario interpuesto por un afiliado de esta Delegación al que le había sido impuesta una sanción de un día de pérdida de haberes con suspensión de funciones como autor de la falta leve de «el retraso, negligencia o inexactitud en el cumplimiento de los deberes u obligaciones, de las órdenes recibidas, o de las normas de régimen interior…» (art. 9.3 LORDGC).

Los hechos objeto de sanción consistían en que el interesado había sido citado a declarar como encartado en un anterior expediente disciplinario también por falta leve (por mal uso o descuido en la conservación del material). Dado que en ese momento se encontraba en situación de baja médica por una lesión, presentó escrito indicando que no se personaría en la declaración pues dicha situación le eximía de cualquier obligación profesional. Consumada dicha incomparecencia, el instructor del expediente elevó parte disciplinario, que dio lugar al expediente que finalizó con la sanción indicada.

El Tribunal, acogiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre esta cuestión y la tesis expuesta por esta defensa, estima el recurso (anulando la sanción), al considerar que cuando la orden de comparecencia NO emana de la autoridad con competencia sancionadora, sino del instructor del expediente, al no haber relación directa de subordinación con este, no hay lesión de la relación de subordinación y, por lo tanto, no hay infracción disciplinaria.

En tales supuestos, el instructor actúa ejerciendo potestades administrativas, siendo esta condición la predominante y no la de superior.

[Nota de la Redacción / Aviso a navegantes]: Este es un blog de la Asesoría Jurídica de la Delegación de Valencia de la AUGC, por lo que las conclusiones aquí plasmadas únicamente afectan a guardias civiles. Para los militares de las Fuerzas Armadas que constituye infracción disciplinaria la incomparecencia injustificada, según el artículo 7.6 de la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas (constituye falta grave «La incomparecencia injustificada, cuando sea debidamente citado, ante los órganos competentes o los instructores de expedientes administrativos o disciplinarios, así como ocultar o alterar ante autoridades o superiores el verdadero nombre, circunstancia o destino o hacer uso de documento que no corresponda a su persona.»)

Publicado en Jurisprudencia y resoluciones administrativas | Etiquetado , , | Deja un comentario

Sentencia reconociendo del derecho de un suboficial a percibir la productividad estructural

companoa-alumnos-academia-suboficiales

Han sido necesarios dos asaltos, pero al final el Tribunal ha reconocido el derecho de un suboficial a percibir la productividad estructural inherente al puesto de trabajo de Jefe de Área que ocupaba en un Puesto Principal.

Antes de continuar, hemos de dejar sentado que estamos tratando productividades devengadas entre 2009 y 2011, esto es, a las que resulta aplicable la Orden General 6/2006 y no la vigente O.G. 12/2014.

En la primera de tales órdenes generales se configuraba la productividad estructural como aquella destinada a «Retribuir específicamente el especial rendimiento, el interés y la iniciativa en el desempeño de las funciones propias de cada puesto de trabajo» del personal que desarrollara «sus funciones y cometidos sin estar acogido al régimen general de tiempos y horarios».

Entre otras exclusiones de carácter objetivo, se establecía que los mandos de los potenciales perceptores de la productividad debían valorar «si el grado de interés, iniciativa y rendimiento en el desempeño de los puestos de trabajo de sus beneficiarios les hacen acreedores a su percepción».

Primer asalto

Al verse excluido de su percepción en nada menos que once meses en dos años, elevó solicitud de que le fuera abonado dicho complemento retributivo, lo cual fue desestimado por la Administración con el argumento de que durante esos meses en los que fue excluido había disfrutado de algunos días de ausencia como consecuencia de diferentes tipos de vacaciones o permisos.

Frente a dicha resolución acudió al proceso contencioso-administrativo, con la asistencia de esta Asesoría Jurídica, y en sede probatoria se demostró que en otras ocasiones en las que había disfrutado de vacaciones y/o permisos sí que resultó perceptor de la productividad, por lo que decaía dicho motivo de la Administración.

El otro argumento de la Administración es el de que no percibió la tan citada productividad estructural, pero sí que fue retribuido con la productividad funcional. Dicho argumento resulta más bien una contradicción, pues se le excluye de la percepción de la productividad estructural, que premia -como se ha visto- «el especial rendimiento, el interés y la iniciativa» y, sin embargo, se le considera acreedor a la productividad funcional, que retribuye la «actividad y dedicación extraordinarias».

Ante la prueba practicada y el contradictorio argumento de la Administración, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia en fecha 28 de julio de 2014, mediante la que estimaba parcialmente el recurso y ordenaba a la Administración la retroacción de las actuaciones para que por esta se motivaran las razones por las que se denegaba dicha solicitud.

Segundo asalto

En ejecución de la anterior sentencia se dictó resolución en la que se volvía a desestimar lo peticionado, reiterándose en los argumentos ya expuestos (disfrute de varios días de permiso y supuestos informes de sus jefes en los respectivos meses de devengo; informes que nunca han sido aportados).

Además de ello, en el informe que el Coronel Jefe de la Comandancia de Valencia emitió para fundamentar la resolución de la Dirección General de la Guardia Civil se reconocía expresamente «que no se disponen de elementos objetivos para poder valorar los rasgos que en su día fueron ya sopesados por sus mandos, quienes no le consideraron acreedor del complemento de productividad en su modalidad E12».

Por ello, el Tribunal, en sentencia de 13 de septiembre de 2106, estima el recurso, dado que «no sólo no se cumple el objetivo de la retroacción del procedimiento, motivando la resolución mediante la aportación en el informe de la exactas razones por las que el recurrente no resulta acreedor al complemento de productividad estructural E-12, sino que la Administración reconoce expresamente que carece de elementos objetivos para dicha valoración».

En consecuencia, reconoce el derecho del suboficial a percibir el complemento de productividad estructural E-12 correspondiente a los once meses en los que no lo percibió, con sus intereses legales y con imposición de costas a la Administración.

Resulta totalmente ajeno al principio de buena fe que debe presidir la actuación de la Administración el hecho de que reconozca carecer de elementos objetivos para valorar la exclusión de un complemento retributivo y, sin embargo, deniegue por dos veces su abono.

Publicado en Sin categoría | Etiquetado , , | Deja un comentario

Prelación para vacaciones en Cabos segundos jefes de Área de Puesto Principal

800px-Guardia_Civil_gala_abrigo

El General Jefe de la VI Zona de la Guardia Civil ha estimado el recurso de un Cabo 1º afiliado a esta Delegación frente a la resolución de la Comandancia de Valencia por la que se le imponía la obligación de guardar turno de vacaciones con el suboficial Jefe de Área a la que estaba adscrito y, además, quedaba supeditado su disfrute a las preferencias que mostrase dicho suboficial.

La resolución reconoce que el Jefe de Comandancia tiene potestad para establecer grupos de disfrute específicos para cada Área funcional de un Puesto, cuando así lo prevea su Libro de Organización, resultando así posible que se establezca un grupo de disfrute de vacaciones en el que únicamente estarán integrados el suboficial y el segundo jefe de Área. Ahora bien, también señala la resolución que lo que no puede efectuarse es que dentro de un grupo de disfrute específico unos tengan prevalencia sobre otros, debiendo atenerse la concesión de vacaciones a lo establecido en la Orden General 1/2016.

Además, se da la circunstancia de que, en aplicación de la normativa vigente, en el Puesto Principal implicado los suboficiales forman un grupo de vacaciones entre sí, por lo que no resulta lógico que exista un grupo de suboficiales y otro en cada Área donde turnen estos con el cabo segundo jefe.

En consecuencia, la resolución estima el recurso y reconoce el derecho del Cabo 1º recurrente a turnar para las vacaciones con los guardias civiles de su Área de adscripción.

Hemos de recalcar que lo realmente relevante de este asunto no estriba en el hecho de que el Cabo 1º o Cabo turne con el suboficial o con los guardias de su Área. Lo importante es que hasta el momento carecía de la posibilidad de elegir turno de vacaciones, quedando supeditado siempre a disfrutar sus vacaciones en aquellas fechas que no quisiera emplear su Jefe de Área, en una situación evidentemente arbitraria e injusta a la que ahora se ha puesto coto.

 

Publicado en Sin categoría | Etiquetado , , | Deja un comentario

Estimado recurso de alzada sobre acceso al GRS pese a superar la edad de 40 años

Miembros del G.R.S. durante una exhibición. Foto: Rafa Vázquez (El Faro de Vigo)

Miembros del G.R.S. durante una exhibición. Foto: Rafa Vázquez (El Faro de Vigo)

La Dirección General de Recursos del Ministerio del Interior ha estimado el recurso de alzada formulado por un afiliado de AUGC Valencia contra la resolución por la que fue excluido del concurso de vacantes que habían sido convocadas para Cabos primeros y Cabos en el GRS de Valencia, con exigencia de título de Control de Masas.

El motivo de la exclusión era superar la edad de acceso a la especialidad.

Frente a dicha exclusión, formuló recurso de alzada fundamentado en que resultaba contradictorio que en las últimas convocatorias del «Curso de Control de Masas/Especialista A.R.S.» la edad máxima para acceso al mismo fuera de 50 años para los componentes de la Escala de Cabos y Guardias y, sin embargo, no se pudiera solicitar vacantes en la especialidad si se han superado los 40 años de edad y, principalmente, en la doctrina emanada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo por la que se afirma que cuando la edad máxima fijada en las convocatorias es inferior a la determinada con carácter general para el pase a la situación de jubilación, nos encontramos ante una situación discriminatoria que vulnera el principio de igualdad proclamado por el artículo 14 de la Constitución española, en relación con el artículo 21.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Con posterioridad a la presentación del recurso, se tuvo conocimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 2016, en la que se declaraba nula la norma que limitaba el acceso por edad a la Agrupación de Reserva y Seguridad, por lo que se amplió el recurso exponiendo tales extremos.

La resolución del recurso reconoce el derecho del recurrente a ocupar una de vacante en el G.R.S. nº 3 de Valencia.

 

Publicado en Sin categoría | Etiquetado , , | Deja un comentario