La objetividad en el IPECGUCI

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Foto: Cuartel de la Guardia Civil de Siete Aguas (http://sieteaguas.compromis.net)

El informe de calificación personal del Guardia Civil (IPECGUCI) viene definido en la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil, como «la valoración objetiva e imparcial de unos conceptos predeterminados que permitan apreciar las cualidades, méritos, aptitudes, competencia y el desempeño profesional de los guardias civiles» (art. 55).

Esta objetividad vuelve a predicarse en el artículo 4 de la Orden PRE/266/2015, de 17 de febrero, por la que se establece el modelo y las normas reguladoras del Informe Personal de Calificación del Guardia Civil, donde se dispone que los principios que han de regir los procesos de calificación son los de transparencia, objetividad e imparcialidad.

Las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas no son ajenas a la importancia que el IPECGUCI tiene en la carrera de los guardias civiles (pues afecta a su evaluación para el ascenso, para los cursos de capacitación para el ascenso, para determinados cursos de perfeccionamiento, para la evaluación extraordinaria para determinar si existe insuficiencia de facultades profesionales, para concurrir a determinados destinos…) y, por ello, dispone que todo militar, cuando intervenga en los procesos de calificación, «Obrará con la mayor reflexión, justicia y equidad en la elaboración de los informes personales, así como en los procesos de evaluación en los que participe, consciente de la gran trascendencia que tienen, tanto para los interesados como para el conjunto de la organización». (art. 36).

Pues bien, como preveía el magistrado J.R. Chaves al hablar del IPECGUCI, el factor humano determina «en ocasiones la subjetividad propia de los pecados capitales: envidia, ira, etc.)», dando al traste la pretendida objetividad e imparcialidad del IPECGUCI.

Así, la pasada semana tuve la ocasión de formular alegaciones frente al IPECGUCI de un Guardia Civil que fue calificado negativamente (un 4,33 en la calificación provisional) con calificaciones de insuficiente (3) en competencias como perseverancia, calidad y capacidad de trabajo o capacidad de aprendizaje.

Sin embargo, se da la circunstancia de que en el período que abarcaba la calificación, el mismo Guardia Civil había sido distinguido con dos condecoraciones. La primera, la Cruz con distintivo blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, condecoración que se concede -según su normativa- a quien «sobresale con perseverancia y notoriedad en el cumplimiento de los deberes de su empleo o cargo, de forma que constituya una conducta ejemplar digna que se resalte como mérito extraordinario» (art. 9 de la Orden INT/2008/2012, de 21 de septiembre, por la que se regula la Orden del Mérito de la Guardia Civil).

La segunda, la Cruz a la Constancia  en  el  Servicio,  que  distingue  a  los  miembros de  la  Escala  de  Cabos  y Guardias por su constancia en el servicio e intachable conducta (art. 1 del Reglamento de la Cruz a la Constancia en el Servicio, aprobado mediante R.D. 682/2002).

Es evidente que las bajas calificaciones en competencias como perseverancia, calidad y capacidad de trabajo no se compadecen con las recompensas obtenidas en el mismo período, pues no puede ser calificado negativamente por tales conceptos quien, el mismo año, ha sido distinguido, precisamente, por su perseverancia y notoriedad en el cumplimiento de los deberes de su empleo o cargo.

Tristemente, el IPECGUCI no puede recurrirse. Únicamente pueden formularse alegaciones frente a la calificación provisional, las cuales pueden redundar en que el superior jerárquico corrija al alza la nota (quedando al albur de su libre apreciación). Sí que pueden recurrirse los actos de evaluación en los que se aplique el IPECGUCI y combatir esas calificaciones, pero cuando se alcanza ese punto el daño ya está hecho.

«Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. El fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira.» (Juan 8:44)

 

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Sobre las once horas diarias de descanso

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Guardias civiles en Guinea Ecuatorial en 1964. Foto: El Mundo

Es cuestión sobradamente conocida que la Orden General n.º 11 de fecha 23 de diciembre de 2014, de la Dirección General de la Guardia Civil, en vigor desde el 30 de marzo de 2015, hubo de recoger para el colectivo de los guardias civiles diversos derechos contenidos en la Directiva Europea 2003/88/CE en materia de descanso en el trabajo.

Entre ellos se encontraba el derecho a un descanso diario de once horas, que fue recogido en el artículo 14 de dicha Orden General, señalando que, con carácter general, el descanso sería de once horas, salvo las excepciones previstas en los apartados siguientes (ocho horas por razones organizativas, incluyendo el derecho a la conciliación de la vida personal y familiar; ocho horas antes del comienzo de un descanso semanal, vacaciones o permiso de Semana Santa o Navidad; doce horas tras un servicio nocturno).

Así, la Dirección General no tenía más remedio que trasponer la Directiva europea a su ámbito de aplicación, pero pronto privó de virtualidad al ciado derecho al interpretar ese «carácter general» que disponía la norma como «predominio» de los descansos de once horas durante el período de referencia de servicios.

En efecto, en el documento denominado «Criterios de aplicación» de la citada O.G. 11/2014 -el cual carece de valor jurídico- se disponía que «El carácter general que establece la Orden General ha de entenderse referido al conjunto del periodo de referencia que corresponde a cada régimen de servicio, y por lo tanto, será el predominio de los descansos diarios de al menos once horas consecutivas en dichos periodos el que garantice el cumplimiento de la norma.»

Así, no sólo se reducía al absurdo la interpretación de la Orden General, sino que se hurtaba al Consejo de la Guardia Civil su función de ser oído e informar acerca de las disposiciones legales o reglamentarias que se dicten -entre otras- sobre determinación de las condiciones de trabajo, emulando de este modo al Conde de Romanones, a quien se le atribuye la frase «Ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento».

Dicha situación ha venido a ser rectificada por los juzgados y tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa en su función revisora de la actividad administrativa, habiéndose dictado diversas sentencias en las que se declaraba que la interpretación que la Dirección General de la Guardia Civil realizaba no se ajusta a derecho, como podemos ver en la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Valencia, de 5 de abril de 2017, recaída en un procedimiento seguido a instancia de un afiliado de esta Delegación, en la que se afirma claramente lo siguiente:

«La administración demandada interpreta el carácter “general” establecido en el apartado primero como predominante en el conjunto del servicio asignado en el cuadrante mensual, pero tales términos no son homologables como se pretende. En efecto, el carácter general significa la regla, mientras que los restantes apartados configuran las excepciones -tasadas, en tanto limitativas del derecho reconocido como regla básica- a la misma. Por esta misma razón se exige la motivación y justificación de la asignación de servicios con descansos de ocho horas en el apartado b), para apartarse de esa regla, y se establecen otras dos excepciones basadas en circunstancias objetivas y que no dependen de la discrecionalidad o apreciación de la administración, tales como festivos y horario nocturno.

Así las cosas, el supuesto al que el mando puede acogerse para asignar servicios con descansos inferiores a 11 horas fuera de los horarios nocturnos y coincidencia con inicio de otros descansos reglados, pasa necesariamente por la motivación y justificación de las necesidades organizativas y la compensación de las horas no descansadas. Pero nada de esto se ha efectuado en la resolución impugnada, que se limita a seguir las instrucciones interpretativas de la Dirección General de la Guardia Civil de fecha 3/3/2015 (Como por lo demás es lógico y no cabe reprochar en la capitanía de la compañía, dada la fuerte jerarquía que preside el cuerpo), las cuales no cabe reputar ajustadas a derecho y oponibles al demandante por las razones ya expuestas.»

En definitiva, es clara la interpretación del Juez: el carácter general es la regla (no el predominio de descansos de once horas), requiriéndose que las excepciones a dicha regla deben ser convenientemente motivadas y justificadas.

En fin, como decía Domingo Faustino Sarmiento: «De todas partes se regresa, menos del ridículo».

 

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Antología del disparate

Me daban noticia ayer de que ha sido distribuido entre distintas unidades de la Guardia Civil un informe dimanante de la Asesoría Jurídica de la Dirección General del Cuerpo, fechado el 1 de febrero de 2017 y relativo al uso de uniformidad en las comparecencias de guardias civiles en actos de asesoramiento en expedientes disciplinarios.

Dicho informe se emite, según se dice en el mismo, a petición del General Jefe de la Zona de la Guardia Civil de Valencia que interesa la posibilidad de regular la obligatoriedad del uso de uniforme en dichas comparecencias, indicando que a dicha petición se adjunta instancia de un Guardia Civil de Valencia en la que interesa que se determine si las comparecencias en calidad de asesor lo son en condición de acto de servicio o, por el contrario, se trata de un acto voluntario y, por lo tanto, ajeno al servicio.

Dejando aparte la falta de delicadeza -si no vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos- al citar el nombre del Guardia Civil en el informe al que se ha dado pública difusión (incluso en el encabezamiento del escrito se refleja su nombre como peticionario, cuando en realidad se emite, como hemos dicho, a petición del General), dicho informe, más que un acto de asesoría al mando constituye una herramienta para dar apariencia jurídica a la voluntad de este.

Fruto de esa voluntad de justificar la actuación administrativa a cualquier precio, el informe es un dislate jurídico que se apoya en diversa normativa… derogada.

En efecto, en su fundamento de derecho segundo cita la Orden INT/77/2014, de 22 de enero, por la que se regula el uso general del uniforme del Cuerpo de la Guardia Civil, que ha sido declarada nula por Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª) de 30 de septiembre de 2015, Rec. 65/2014, por no ser conforme al ordenamiento jurídico.

En el fundamento de derecho quinto se refiere al concepto de «acto de servicio» contenido en el artículo 15 del Código Penal Militar. Sin embargo, el artículo 15 del vigente CPM no regula ni contiene concepto alguno sobre el acto de servicio, sino que está referido al acto de servicio sino a las penas accesorias.

En el siguiente párrafo cita el artículo 188 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, pese a que las vigentes Reales Ordenanzas cuenta únicamente con 129 artículos. Dicho artículo 188 de las anteriores ordenanzas ha sido expresamente derogado, además, por el párrafo primero del número 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

A continuación se citan la Orden General de la Guardia Civil nº 38, de 30 de septiembre de 1997, sobre uniformidad de uso general en la Guardia Civil, derogada al menos desde 1999 y el artículo 74 de las Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra, derogado por la letra a) del número 2 de la disposición derogatoria única del R.D. 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.

El lector ya puede imaginar las conclusiones del informe en el que únicamente se pronuncia acerca de la obligatoriedad de vestir el uniforme en los actos de asesoramiento, pero guarda silencio respecto a lo interesado por el Guardia Civil respecto al cómputo como servicio del tiempo empleado en tales comparecencias.

En fin, es de suponer que el asesor jurídico firmante del informe no debe ser el que asesoró al mando para sancionar a un Guardia Civil de la Comandancia de Valencia por desconocer el protocolo de nombramiento del servicio en SIGO, pese a que dicho agente prestaba servicio en el Área de Prevención de la Delincuencia.

No diré más…

 

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La incomparecencia a prestar declaración como encartado en expediente disciplinario no constituye un nuevo ilícito

 El Tribunal Militar Territorial Primero ha dictado sentencia de fecha 26.10.2016 en la que estima el recurso contencioso-disciplinario interpuesto por un afiliado de esta Delegación al que le había sido impuesta una sanción de un día de pérdida de haberes con suspensión de funciones como autor de la falta leve de «el retraso, negligencia o inexactitud en el cumplimiento de los deberes u obligaciones, de las órdenes recibidas, o de las normas de régimen interior…» (art. 9.3 LORDGC).

Los hechos objeto de sanción consistían en que el interesado había sido citado a declarar como encartado en un anterior expediente disciplinario también por falta leve (por mal uso o descuido en la conservación del material). Dado que en ese momento se encontraba en situación de baja médica por una lesión, presentó escrito indicando que no se personaría en la declaración pues dicha situación le eximía de cualquier obligación profesional. Consumada dicha incomparecencia, el instructor del expediente elevó parte disciplinario, que dio lugar al expediente que finalizó con la sanción indicada.

El Tribunal, acogiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre esta cuestión y la tesis expuesta por esta defensa, estima el recurso (anulando la sanción), al considerar que cuando la orden de comparecencia NO emana de la autoridad con competencia sancionadora, sino del instructor del expediente, al no haber relación directa de subordinación con este, no hay lesión de la relación de subordinación y, por lo tanto, no hay infracción disciplinaria.

En tales supuestos, el instructor actúa ejerciendo potestades administrativas, siendo esta condición la predominante y no la de superior.

[Nota de la Redacción / Aviso a navegantes]: Este es un blog de la Asesoría Jurídica de la Delegación de Valencia de la AUGC, por lo que las conclusiones aquí plasmadas únicamente afectan a guardias civiles. Para los militares de las Fuerzas Armadas que constituye infracción disciplinaria la incomparecencia injustificada, según el artículo 7.6 de la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas (constituye falta grave «La incomparecencia injustificada, cuando sea debidamente citado, ante los órganos competentes o los instructores de expedientes administrativos o disciplinarios, así como ocultar o alterar ante autoridades o superiores el verdadero nombre, circunstancia o destino o hacer uso de documento que no corresponda a su persona.»)

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Sentencia reconociendo del derecho de un suboficial a percibir la productividad estructural

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Han sido necesarios dos asaltos, pero al final el Tribunal ha reconocido el derecho de un suboficial a percibir la productividad estructural inherente al puesto de trabajo de Jefe de Área que ocupaba en un Puesto Principal.

Antes de continuar, hemos de dejar sentado que estamos tratando productividades devengadas entre 2009 y 2011, esto es, a las que resulta aplicable la Orden General 6/2006 y no la vigente O.G. 12/2014.

En la primera de tales órdenes generales se configuraba la productividad estructural como aquella destinada a «Retribuir específicamente el especial rendimiento, el interés y la iniciativa en el desempeño de las funciones propias de cada puesto de trabajo» del personal que desarrollara «sus funciones y cometidos sin estar acogido al régimen general de tiempos y horarios».

Entre otras exclusiones de carácter objetivo, se establecía que los mandos de los potenciales perceptores de la productividad debían valorar «si el grado de interés, iniciativa y rendimiento en el desempeño de los puestos de trabajo de sus beneficiarios les hacen acreedores a su percepción».

Primer asalto

Al verse excluido de su percepción en nada menos que once meses en dos años, elevó solicitud de que le fuera abonado dicho complemento retributivo, lo cual fue desestimado por la Administración con el argumento de que durante esos meses en los que fue excluido había disfrutado de algunos días de ausencia como consecuencia de diferentes tipos de vacaciones o permisos.

Frente a dicha resolución acudió al proceso contencioso-administrativo, con la asistencia de esta Asesoría Jurídica, y en sede probatoria se demostró que en otras ocasiones en las que había disfrutado de vacaciones y/o permisos sí que resultó perceptor de la productividad, por lo que decaía dicho motivo de la Administración.

El otro argumento de la Administración es el de que no percibió la tan citada productividad estructural, pero sí que fue retribuido con la productividad funcional. Dicho argumento resulta más bien una contradicción, pues se le excluye de la percepción de la productividad estructural, que premia -como se ha visto- «el especial rendimiento, el interés y la iniciativa» y, sin embargo, se le considera acreedor a la productividad funcional, que retribuye la «actividad y dedicación extraordinarias».

Ante la prueba practicada y el contradictorio argumento de la Administración, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia en fecha 28 de julio de 2014, mediante la que estimaba parcialmente el recurso y ordenaba a la Administración la retroacción de las actuaciones para que por esta se motivaran las razones por las que se denegaba dicha solicitud.

Segundo asalto

En ejecución de la anterior sentencia se dictó resolución en la que se volvía a desestimar lo peticionado, reiterándose en los argumentos ya expuestos (disfrute de varios días de permiso y supuestos informes de sus jefes en los respectivos meses de devengo; informes que nunca han sido aportados).

Además de ello, en el informe que el Coronel Jefe de la Comandancia de Valencia emitió para fundamentar la resolución de la Dirección General de la Guardia Civil se reconocía expresamente «que no se disponen de elementos objetivos para poder valorar los rasgos que en su día fueron ya sopesados por sus mandos, quienes no le consideraron acreedor del complemento de productividad en su modalidad E12».

Por ello, el Tribunal, en sentencia de 13 de septiembre de 2106, estima el recurso, dado que «no sólo no se cumple el objetivo de la retroacción del procedimiento, motivando la resolución mediante la aportación en el informe de la exactas razones por las que el recurrente no resulta acreedor al complemento de productividad estructural E-12, sino que la Administración reconoce expresamente que carece de elementos objetivos para dicha valoración».

En consecuencia, reconoce el derecho del suboficial a percibir el complemento de productividad estructural E-12 correspondiente a los once meses en los que no lo percibió, con sus intereses legales y con imposición de costas a la Administración.

Resulta totalmente ajeno al principio de buena fe que debe presidir la actuación de la Administración el hecho de que reconozca carecer de elementos objetivos para valorar la exclusión de un complemento retributivo y, sin embargo, deniegue por dos veces su abono.

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Prelación para vacaciones en Cabos segundos jefes de Área de Puesto Principal

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El General Jefe de la VI Zona de la Guardia Civil ha estimado el recurso de un Cabo 1º afiliado a esta Delegación frente a la resolución de la Comandancia de Valencia por la que se le imponía la obligación de guardar turno de vacaciones con el suboficial Jefe de Área a la que estaba adscrito y, además, quedaba supeditado su disfrute a las preferencias que mostrase dicho suboficial.

La resolución reconoce que el Jefe de Comandancia tiene potestad para establecer grupos de disfrute específicos para cada Área funcional de un Puesto, cuando así lo prevea su Libro de Organización, resultando así posible que se establezca un grupo de disfrute de vacaciones en el que únicamente estarán integrados el suboficial y el segundo jefe de Área. Ahora bien, también señala la resolución que lo que no puede efectuarse es que dentro de un grupo de disfrute específico unos tengan prevalencia sobre otros, debiendo atenerse la concesión de vacaciones a lo establecido en la Orden General 1/2016.

Además, se da la circunstancia de que, en aplicación de la normativa vigente, en el Puesto Principal implicado los suboficiales forman un grupo de vacaciones entre sí, por lo que no resulta lógico que exista un grupo de suboficiales y otro en cada Área donde turnen estos con el cabo segundo jefe.

En consecuencia, la resolución estima el recurso y reconoce el derecho del Cabo 1º recurrente a turnar para las vacaciones con los guardias civiles de su Área de adscripción.

Hemos de recalcar que lo realmente relevante de este asunto no estriba en el hecho de que el Cabo 1º o Cabo turne con el suboficial o con los guardias de su Área. Lo importante es que hasta el momento carecía de la posibilidad de elegir turno de vacaciones, quedando supeditado siempre a disfrutar sus vacaciones en aquellas fechas que no quisiera emplear su Jefe de Área, en una situación evidentemente arbitraria e injusta a la que ahora se ha puesto coto.

 

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Estimado recurso de alzada sobre acceso al GRS pese a superar la edad de 40 años

Miembros del G.R.S. durante una exhibición. Foto: Rafa Vázquez (El Faro de Vigo)

Miembros del G.R.S. durante una exhibición. Foto: Rafa Vázquez (El Faro de Vigo)

La Dirección General de Recursos del Ministerio del Interior ha estimado el recurso de alzada formulado por un afiliado de AUGC Valencia contra la resolución por la que fue excluido del concurso de vacantes que habían sido convocadas para Cabos primeros y Cabos en el GRS de Valencia, con exigencia de título de Control de Masas.

El motivo de la exclusión era superar la edad de acceso a la especialidad.

Frente a dicha exclusión, formuló recurso de alzada fundamentado en que resultaba contradictorio que en las últimas convocatorias del «Curso de Control de Masas/Especialista A.R.S.» la edad máxima para acceso al mismo fuera de 50 años para los componentes de la Escala de Cabos y Guardias y, sin embargo, no se pudiera solicitar vacantes en la especialidad si se han superado los 40 años de edad y, principalmente, en la doctrina emanada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo por la que se afirma que cuando la edad máxima fijada en las convocatorias es inferior a la determinada con carácter general para el pase a la situación de jubilación, nos encontramos ante una situación discriminatoria que vulnera el principio de igualdad proclamado por el artículo 14 de la Constitución española, en relación con el artículo 21.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Con posterioridad a la presentación del recurso, se tuvo conocimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 2016, en la que se declaraba nula la norma que limitaba el acceso por edad a la Agrupación de Reserva y Seguridad, por lo que se amplió el recurso exponiendo tales extremos.

La resolución del recurso reconoce el derecho del recurrente a ocupar una de vacante en el G.R.S. nº 3 de Valencia.

 

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La negativa de un oficial a declarar como testigo, clave para revocar una sanción

El oficial se negó a declarar –en calidad de testigo– en un expediente disciplinario, lo que ha generado la duda en el Tribunal respecto a si los superiores conocían los motivos por los que hubo de ausentarse del acuartelamiento minutos antes de iniciar la prestación de un servicio y por los que fue posteriormente sancionado.

Cuartel de la Guardia Civil de Picassent. Foto: Google Maps.

Cuartel de la Guardia Civil de Picassent. Foto: Google Maps.

El Tribunal Militar Territorial Primero ha dictado sentencia en fecha 12 de enero de 2016, en la que estima el recurso contencioso-disciplinario militar ordinario interpuesto por un Guardia Civil –afiliado de la Delegación de Valencia y asistido por esta Asesoría Jurídica– contra la sanción de dos días de haberes con suspensión de funciones, impuesta por el Comandante Jefe de Compañía, como autor de una falta leve tipificada en el artículo 9.2 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, consistente en «La incomparecencia a prestar un servicio, la ausencia de él, la desatención o la colocación en situación de no ser localizado para prestarlo», sanción que anula por no ser conforme a Derecho, al tiempo que declara el derecho del sancionado a ser reintegrado del salario detraído junto con los intereses legales correspondientes.

El reproche disciplinario traía causa de una presunta falta de asistencia a la prestación de un servicio –puertas apoyo atención al ciudadano- incumpliendo el deber de comunicar a su Jefe de Unidad, en caso de enfermedad o accidente, la imposibilidad de prestar el servicio previamente nombrado (artículo 4.3 de la Orden General 11/2007, sobre bajas médicas). Nada más lejos de la realidad.

En efecto, el Tribunal declara probado que el día de autos el sancionado se encontraba en el Acuartelamiento en disposición de prestar el servicio nombrado. De hecho, y en prueba de ello, quedó acreditado que tuvo lugar una discusión entre éste y uno de sus mandos, en concreto el suboficial que posteriormente elevaría el parte disciplinario, lo que provocó en el afectado un estado de ansiedad tal que, momentos previos a entrar de servicio fue apreciado tanto por el Sargento Jefe de Atención al Ciudadano –por cierto, responsable del servicio-, como por el Guardia Civil que debía ser relevado, a quien el sancionado manifestó, dada su crisis de ansiedad, su intención de acudir al  médico y, por tanto, la imposibilidad de prestar el servicio nombrado. Baste significar, a este respecto, que en ese día causó baja para el servicio tras diagnosticársele «síndrome ansioso-depresivo».

Obviamente, tal y como refiere el Tribunal, en el momento de producirse los hechos desencadenantes del estado de ansiedad no existía la circunstancia de baja médica y, por  ende, no era posible comunicar la imposibilidad de prestar el servicio en los términos establecidos en la Orden General 11/2007, antes apuntada, sino después de ser diagnosticada la enfermedad por el facultativo correspondiente, momento que determinaría, en su caso, el nacimiento de la responsabilidad del sancionado para seguir el protocolo fijado en la norma.

Por todo ello, y a la luz de los antecedentes descritos, el Tribunal determina «que en el momento de los hechos el sancionado no se encontraba en disposición de prestar el servicio que le había sido encomendado al estar bajo un episodio ansioso depresivo –acreditado posteriormente- que le impulsó a buscar asistencia médica, informando de ello, cuanto menos, a quien debía relevar y albergando dudas de que no lo hiciera de alguna manera, o fuera conocido o intuido por el Sargento…..y el Teniente Comandante de Puesto», y por tanto, concluye que se ha vulnerado el principio de legalidad (artículo 25.1 de la Carta Magna) en su vertiente de tipicidad absoluta, al no ser posible calificar de antijurídica la conducta del  sancionado.

Llegados a este punto, y en relación con los hechos expuestos, resulta ineludible analizar la actuación injustificada e irresponsable –y cuanto menos corporativista-, primero, del Sargento Jefe del Área de Atención al Ciudadano y, en segundo lugar, del Teniente Comandante de Puesto, criticada de forma plausible y sin tapujos por el propio Tribunal.

Así, y en cuanto al Sargento Jefe del Área de Atención al Ciudadano se refiere, causa sorpresa al Tribunal la pasividad del suboficial que, pese a manifestar haber visto al sancionado el día de los hechos «bastante dolorido y afectado» e incluso, a sabiendas de la conversación mantenida con él, quien le advirtió que «estaba hastiado de todo, que todos iban contra él y que se iba», no se interesara, dado su estado anímico, ni adonde pretendía dirigirse ni sobre su disponibilidad para el servicio.

Finalmente, y en relación con la actitud de uno de los testigos durante la instrucción del expediente disciplinario, a la sazón, el Teniente Comandante de Puesto, conviene precisar que el Tribunal, en una reflexión intachable -aunque a nuestro juicio insuficiente-, le recrimina la falta de colaboración para el esclarecimiento de los hechos imputados al sancionado, hasta el punto de afirmar que, «no encontramos otra explicación lógica de la negativa a contestar la referida pregunta que no sea el deseo de no dar información sobre este particular, debiendo operar la duda suscitada en favor del demandante».

Y es por ello que, desde nuestro punto de vista, la negativa a prestar declaración en calidad de testigo de Oficial de la Guardia Civil, obstaculizando la instrucción del procedimiento disciplinario al ocultar información esencial determinante del contenido de la resolución, podría constituir un ilícito disciplinario, tipificado como falta grave en el artículo 8.37 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil («La infracción de cualquier otro deber u obligación legal o reglamentariamente establecida que resulte inherente al cargo o a la función, cuando se produzca de forma grave y manifiesta»), ello en relación con el artículo 176 de Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar, de aplicación supletoria en el régimen disciplinario de la Guardia Civil (D.A. 1ª),  según el cual, «Los que sin estar exentos o dispensados legalmente de prestar declaración se negaren a manifestar lo que supieren respecto de los hechos sobre que fueran preguntados por el Instructor serán advertidos en el acto de la obligación de declarar, y si persistiesen en su negativa, se procederá criminalmente contra ellos», lógicamente y, en este último caso, aquietado a las circunstancias de hecho enjuiciadas en el ámbito disciplinario (falta grave, artículo 8.37 LORDGC).

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Sentencia reconociendo el derecho al abono del CES

Guardia Civil. Uniforme de servicio en verano. 1907. Óleo sobre tabla.

Guardia Civil. Uniforme de servicio en verano. 1907. Óleo sobre tabla.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia en fecha 3 de noviembre de 2015 mediante la que reconoce el derecho de la demandante, Guardia Civil, a percibir el Complemento Específico Singular (CES) correspondiente a su puesto de trabajo durante los meses en los que no pudo incorporarse a su destino por encontrarse en situación de baja médica.

Los hechos son los siguientes: en fecha 27 de mayo de 2014 la interesada cambió de destino, momento en el que se encontraba en situación de baja médica desde el anterior día 15 de abril. En fecha 30 de julio causó alta para el servicio.  La Dirección General de la Guardia Civil no retribuyó a la demandante con el Complemento Específico Singular del puesto de trabajo que ocupaba, correspondiente a los meses de junio y julio de 2015 con el peregrino argumento de que la misma se encontraba de baja médica y, por lo tanto, no había tomado posesión efectiva del puesto de trabajo.

La Sala, apoyándose en su constante y reiterada doctrina, considera que «Es cierto que la toma de posesión del primer destino tiene una significación especial a efectos de la adquisición de la condición de funcionario público; pero eso no significa que, en los sucesivos traslados, las distintas tomas de posesión pasen a ser consideradas como condición para la adquisición de un derecho al puesto que la Ley no admite».

Asimismo, afirma que un guardia civil que se encuentre en situación de baja médica por enfermedad goza de una «licencia con plenitud de derechos económicos», salvo durante los primeros veinte días  -en determinadas circunstancias-, conforme a lo dispuesto en la D.A. 6ª del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.

Añade, además, que en su anterior destino percibía el CES y en el nuevo puesto de trabajo también lo tiene asignado.

En definitiva, estima el recurso de la interesada reconociendo su derecho al abono del CES durante los meses de junio y julio de 2014, con imposición de costas a la Administración demandada.

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Sentencia sobre baja por intervención quirúrgica y retribuciones

IMG_rvzcu4Un Guardia Civil de esta Delegación causó baja en septiembre de 2013 para ser intervenido de una «fistulectomía», circunstancia que se hizo constar expresamente en la papeleta de baja para el servicio.

Posteriormente, pudo comprobar como le habían sido detraídas retribuciones con motivo de dicha baja, por lo que elevó instancia interesando su abono, dado que las bajas por intervención quirúrgica (cuando esta está incluida en la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud) no deben suponer pérdida de retribuciones (D.A. 6ª R.D-ley 20/2012).

La Administración, denegó dicha petición basándose en que el interesado no había aportado información adicional en el plazo de veinte días desde la intervención conforme exige -según su criterio- el apartado 8.2 de la Instrucción 1/2013.

De dicha interpretación discrepa esta asesoría jurídica, pues considera que la obligación que el citado apartado establece de presentar en 20 días información adicional se encuentra referida a los supuestos en los que se produce la intervención quirúrgica tiempo después de producida la baja, pero en situaciones como la que nos ocupa, en la que en el propio parte de baja indica que el motivo de la misma es una intervención quirúrgica, resulta suficiente informe médico acreditativo de tal circunstancia.

Interpuesto recurso contencioso-administrativo frente a la resolución que agotó la vía administrativa, la Sala de dicho orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia de fecha 13 de noviembre de 2015 en la que estima el recurso interpuesto, reconociendo el derecho del demandante a percibir las retribuciones íntegras durante el tiempo de baja por dicha intervención quirúrgica.

La Sala entiende -como ya hemos tenido ocasión  de exponer- que «en el parte que amparaba dicha baja figuraba expresamente como la causa de la baja era una intervención quirúrgica».

Además, y resulta importante para futuras ocasiones, el Tribunal señala que, dado que la Administración tenía conocimiento suficiente de que la baja temporal era consecuencia de una intervención quirúrgica, en caso de que tuviera dudas sobre si la misma estaba incluida en la cartera básica del SNS, «bien pudo requerir» al interesado para que acreditara tal extremo. Esto es, como también se señalaba en nuestro escrito de demanda, la Administración debería haber requerido al interesado para subsanar su petición.

Todavía más importante: se indica en esta sentencia que la Administración no puede «en ningún caso restringir un derecho que tenía el demandante exclusivamente con fundamento en un artículo de la instrucción 1/2013», es decir, que si el Real Decreto-ley 20/2012, de 11 de julio, no establece límites temporales para la acreditación de la intervención quirúrgica, no resulta apta para establecerlos una instrucción.

La sentencia, como decimos, reconoce el derecho del demandante  a percibir de forma íntegra sus retribuciones durante el periodo que permaneció de baja para el servicio e impone las costas del procedimiento a la Administración.

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